Esta iniciativa reúne a líderes de seis regiones para crear mecanismos que prevengan la violencia en los territorios indígenas.
El Consejo Indígena de Roraima (CIR), a través de su Departamento Jurídico, ha comenzado a elaborar un Protocolo de Seguridad y Protección para los Líderes Indígenas del estado. La iniciativa reunió a líderes de las regiones de Itacutu, Serra da Lua, Alto Cauamé, Tabaio, Murupu y Amajari los días 21 y 22 de septiembre en el Auditorio Lindalva Macuxi, ubicado en la sede del consejo.
La creación de este protocolo surge como respuesta al creciente número de casos de violencia y amenazas que enfrentan los líderes de Roraima que trabajan para defender los derechos y territorios indígenas.
En 2025, se registró un incremento significativo: el estado acumuló 82 casos de indígenas asesinados, la cifra más alta entre los estados brasileños. En comparación, en 2024 se registraron 52 víctimas. Los datos provienen del Consejo Indígena Misionero (CIMI) y fueron publicados en septiembre de 2026.
La historia de la violencia contra los pueblos indígenas está vinculada a los conflictos territoriales en Roraima: 23 líderes indígenas fueron asesinados durante la lucha por la demarcación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, entre los años 1970 y 2005, según registros e informes del CIR.
Sin embargo, la violencia contra los líderes indígenas sigue siendo un problema actual. A principios de 2026, un joven líder indígena fue hallado muerto al costado de una carretera en el municipio de Amajari. El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias y las causas de su muerte.
Además de los asesinatos, los líderes y las comunidades denuncian situaciones de amenaza e intimidación, especialmente relacionadas con la defensa territorial, los procesos de demarcación de tierras indígenas y la presencia de actividades ilegales como la minería ilegal.
Según los líderes que participaron en el taller, las amenazas no solo afectan a la persona que está en primera línea defendiendo los derechos indígenas. Las repercusiones también afectan a los familiares y a toda la comunidad.
Entre los principales factores de riesgo identificados por los líderes se encuentran la presencia de invasores, como mineros ilegales, la ausencia o demora en la demarcación de tierras indígenas y la insuficiencia de acciones para monitorear y proteger los territorios. Los líderes también destacaron la necesidad de una respuesta más rápida de las autoridades públicas ante los informes de amenazas.
Según el Departamento Jurídico del CIR, la adopción de medidas de protección debe tener en cuenta las estrategias que ya están desarrollando las propias comunidades.
"La propuesta del CIR surge del reconocimiento de que las comunidades indígenas ya desarrollan sus propias estrategias para proteger y cuidar a sus líderes, incluso sin necesidad de contar con un documento formal", afirma el departamento.
Según el asesoramiento jurídico, el protocolo busca fortalecer y organizar los mecanismos existentes en las comunidades, así como establecer procedimientos para situaciones de riesgo. El documento debe definir un flujo de trabajo que involucre a los líderes comunitarios, los líderes regionales y la CIR (Oficina Intermunicipal de Relaciones Comunitarias), con directrices para identificar diferentes tipos de amenazas, registrar incidentes, evaluar riesgos y establecer vías para obtener apoyo y protección.
El protocolo también debe contener instrucciones sobre cómo actuar en situaciones de violencia y a quién contactar en cada caso, teniendo en cuenta tanto la protección individual del líder como la seguridad de su familia y la comunidad.
En este sentido, el asesor legal del CIR argumenta que la protección no debe consistir simplemente en expulsar al líder y a su familia de su territorio ante una amenaza. Cuando sea necesaria en situaciones de emergencia, esta medida no debe sustituir las acciones permanentes de protección territorial ni el abordaje de las causas profundas de la inseguridad.
“Expulsar a un líder y a su familia de su territorio es otro acto de violencia. La protección debe tener en cuenta al individuo, pero también a la comunidad y al territorio donde ese líder vive y trabaja”, explican.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer una red de protección construida desde dentro de las propias comunidades, coordinando la prevención, la comunicación, la respuesta a las amenazas y la remisión de quejas, sin separar la seguridad de los líderes de la defensa de sus territorios.